Las elecciones de 1978

Para consolidar sus eternos propósitos continuistas mediante fraudes electorales el Dr. Balaguer logró siempre “conquistar” mayorías en el Congreso de la República. Particularmente el dominio del Senado era clave para sus proyectos reeleccionistas. El Senado, por ejemplo, tenía a su cargo la selección de los jueces y los miembros de la JCE y esta a su vez, como tribunal electoral, controlaba los comicios y certificaba el triunfo del candidato ganador como Presidente Electo de la República.

Una de las elecciones más escandalosamente fraudulentas entre todas que se llevaron a cabo durante sus mandatos (1966-1978), lo fue la del año 1978, efectuadas en un momento adverso para la continuación del Dr. Balaguer en el poder.

En primer lugar la economía nacional había profundizado su crisis recurrente, manifestándose con una inflación que originó aumentos descontrolados en los precios de los alimentos; y las protestas y las huelgas se multiplicaban; además el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones había sucumbido, debido a la carrera alcista de los precios de las materias primas impulsada por la crisis mundial del petróleo y también la demagógica política agraria había fracasado y por esas causas creció como nunca la agitación de los movimientos campesinos en reclamo de la tierra prometida, alcanzando niveles explosivos.

A todo lo anterior se agregaron cambios importantes en la esfera del poder en varios países de gran influencia en la vida política nacional, como lo fueron la llegada al poder de Jimmy Carter, del Partido Democrático, elegido en 1976 Presidente de Estados Unidos y el crecimiento de la influencia de la socialdemocracia europea en la política de América Latina, después que esa doctrina asumió el poder en España, Suecia y Alemania.

Pese a todos esos elementos adversos, a lo que se agregaba el descredito del gobierno por la corrupción entre funcionarios y militares convertidos en nuevos millonarios, en 1978 Balaguer se postuló para aspirar a otro mandato, y tal como había ocurrido en los anteriores comicios, de nuevo los militares fueron lanzados a las calles durante la campaña electoral exhibiendo pañoletas rojas en las puntas de los fusiles en las manifestaciones del Partido Reformista. Esta vez, además, contrató a especialistas cubanos en fraudes electorales, encabezados por Santiago Rey Perna, que exhibía como credencial el haber sido asesor electoral del dictador Fulgencio Batista.

Antes del día de las votaciones, con la complicidad de funcionarios de la J.C.E. donde tenía pleno dominio el Partido Reformista, además, había logrado un dislocamiento del registro electoral de decenas de votantes miembros del principal partido opositor (PRD) para que no pudieran ejercer su derecho al voto. Pero todos los esfuerzos fraudulentos del Dr. Balaguer, sus partidarios y asesores, resultaron inútiles. El 16 de mayo de 1978, desde el primer momento en que comenzaron a conocerse los primeros boletines con los resultados de las votaciones, todos indicaban la victoria abrumadora del opositor Partido Revolucionario Dominicano y su candidato, el hacendado Antonio Guzmán Fernández.

Desesperado frente a esa realidad, las altas instancias del sector reformista más comprometido, corrompido y fanatizado, encabezados por el Secretario de las Fuerzas Armadas, general Juan René Buchamps Javier, el jefe de la Policía, general Neit Nivar Seijas y el comodoro Jefe de la Marina, Francisco Rivera Caminero, ordenaron al teniente coronel Benoit, el asalto de la Sede Central de la JCE, orden que fue cumplida por un contingente de decenas de guardias bajo su mandato, el 17 de mayo a las dos de la madrugada, invadiendo su edificio y deteniendo el conteo de las votaciones. En el fondo el propósito de ese grupo militar estaba dirigido a originar un golpe de Estado para impedir la llegada al poder del PRD y su candidato Antonio Guzmán.

La reacción de la comunidad internacional fue inmediata. Particularmente del Presidente Carter, de Estados Unidos, del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quienes personalmente mediante la comunicación telefónica con el viejo caudillo dominicano presionaron para que detuviera la aventura golpista antidemocrática. También actuaron en la misma dirección los principales líderes europeos de los diferentes partidos socialdemócratas que ejercían el poder en el viejo continente: Mario Suarez, de Portugal, Francois Miterrand, de Francia, y Felipe González, de España.

Sin embargo, a pesar de esas presiones, el Dr. Balaguer y su Partido Reformista no permitieron que la JCE reconociera el triunfo de Guzmán y el PRD, dando inicio entonces a un largo proceso de impugnación legal de las elecciones, acusando al PRD de haber cometido fraude, exigiendo además nuevas elecciones. El proceso legal fue dirigido por un grupo de abogados encabezados por Marino Vinicio Castillo (Vincho), Víctor Gómez Berges, Altagracia Bautista Suarez, Jaime Guerrero Avila, casi todos ex funcionarios de la dictadura de Trujillo y dirigentes del partido de Balaguer.

Durante dos largos meses a pesar de que era harto conocido el triunfo del PRD y su candidato Antonio Guzmán, mantuvo absoluto silencio sobre los resultados finales de los comicios, que envolvían además los cargos del Congreso de la República, donde el PRD también había ganado amplia mayoría.

Según Sandino Grullón, autor de la “Historia Electoral Dominicana”, en aquel momento representante del Partido Reformista, para buscar un acuerdo que solucionara la crisis electoral creada el gobierno y el PRD efectuaron varias “reuniones en la Embajada Americana, en la que participaron Polibio Díaz, en representación de Balaguer, el Vicepresidente electo Jacobo Majluta, en representación del Presidente Guzmán, Gustavo Cisnero, en representación del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez y John King, jefe de la Sección Política de la Embajada”.

Mediante esas reuniones se llegó a un acuerdo que facilitó a la JCE presidida por el activista reformista, Dr. Hugo Vargas Subervi, dictar un “fallo histórico” sin precedentes que despojó al PRD de la mayoría que había ganado en el Senado para de esa manera controlar el Poder Judicial, a fin de evitar que fueran sometidos a la justicia los autores del fraude electoral, pero sobre todo, los funcionarios que habían cometidos actos de corrupción en su gobierno. En total, la “sentencia salomónica” de la JCE despojó al gobierno del PRD de cuatro senadurías y un diputado.

Antes de abandonar el poder, a fin de proteger aún más el grupo militar reformista que le mantuvo en el poder, Balaguer promulgó una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, para garantizar la permanencia de esa camarilla en sus altas posiciones, e incluso, efectuó importantes promociones.

Pero tan pronto fue juramentado Presidente de la República don Antonio Guzmán, el 16 de agosto de 1978, ese mismo día, inició una serie de jubilaciones que envió a su casa a los más conspicuos activistas políticos militares del balaguerismo, comenzando con los mayores generales, Martes Pichardo, Jaquez Olivero, Estrella Sadhala, que envolvió también al poco tiempo a los generales Pérez y Pérez, Nivar Seijas, Lluberes Montas y otros.

Esa acción ejemplar abrió en las fuerzas armadas dominicanas todo un proceso de destrujillización que apartó a los cuerpos castrenses del activismo político partidarista, contribuyendo a fortalecer el respeto a las instituciones democráticas y al poder civil, contribuyendo también a su profesionalización.

Últimos presos políticos del régimen de Balaguer, amnistiados durante gobierno del Presidente Guzmán, en agosto de 1978.