La resistencia al Golpe de Estado. 1963/1965

Durante los primeros días del golpe militar no se registró ninguna acción de importancia en su contra, entre otras razones, porque dos de las principales entidades democráticas, el 14 de junio y e Movimiento Popular Dominicano, vieron en la asonada cuartelera el punto clave que facilitaría sus planes insurrecciónales, y por tanto, no llamaron a su militancia ni al pueblo a la protesta y prefirieron resguardar sus cuadros políticos.

El Partido Revolucionario Dominicano, había sido prácticamente desmantelado, sufrió las consecuencias de la persecución en todo el país y centenares de sus dirigentes fueron apresados.

La primera reacción de importancia contra el golpe fue organizada por el estudiantado de la Universidad autónoma de Santo Domingo, que diez días después del golpe programó una marcha en protesta desde su recinto hacia el Palacio Nacional. La manifestación fue impedida por la policía y el ejército que sitiaron al campus universitario, donde se concentraban miles de jóvenes, escenificándose allí una verdadera batalla entre policías y estudiantes con un saldo de decenas de heridos y más de un centenar de apresados.

La tensión y la lucha en los predios de la Universidad Autónoma duró varios días pues los estudiantes se resistieron a abandonar el recinto y la fuerza represiva mantuvo el asedio y el sitio.

Una segunda reacción provino del seno de la Federación de Mujeres Dominicanas, entidad que dos días después de la protesta estudiantil organizó otra marcha contra el gobierno de facto en el propio centro de la ciudad, acto que también fue impedido y agredido de manera brutal por las fuerzas represivas policiales. Decenas de mujeres fueron heridas y apresadas.

Estimulado por el ambiente creado por las movilizaciones populares, el 7 de octubre el congreso de la República, disuelto por los militares, efectuó una reunión clandestina y en ella aprobó una resolución que fue hecha pública la noche de ese mismo día, donde se desconocía “la autoridad del llamado Triunvirato… por no haber emanado de la popular”. Y declaró “nulo, de pleno derecho, todos los actos dictados por dicha autoridad usurpada e ineficaz”. Esa misma Asamblea eligió al Dr. Juan Casasnova Garrido, presidente del Senado, Presidente de la República. Tres semanas después Casasnova Garrido fue apresado por la policía y deportado.

En respuesta a la protesta estudiantil y a la elección de Casasnova, ese mismo día el régimen golpista declaró, mediante su ley No. 3, el estado de sitio en todo el territorio nacional suspendiendo el derecho de reunión y asociación.

En esos momentos, en el seno del ejército el coronel Rafael Fernández Domínguez inició la organización de un núcleo de oficiales y clases democráticos, con miras a los preparativos de una insurrección militar que condujera al restablecimiento del orden constitucional violentado en septiembre pasado.

Descubierto en sus propósitos por un delator, el coronel Fernández Domínguez fue destituido de su cargo de director de la Academia Militar “Batalla de las Carreras” y dejado sin mando. Poco después, el 3 de octubre, fue enviado fuera del país como agregado militar en España.

Ese mismo mes de octubre el gobierno de facto dictó su ley No.6 que prohibía sus actividades comunistas, casi al mismo tiempo que aumentaba de precios todos los artículos de primera necesidad, varios días después fue promulgada la “Ley de Incentivo Industrial”, que exoneraba total o parcialmente de impuestos a las industrias existentes y las que se establezcan”

Por otra parte, centenares de inmuebles que habían sido confiscados por el Estado a la familia Trujillo y sus allegados, comenzaron a ser traspasados por paquetes mediante donación al Instituto Nacional de la Vivienda, para luego ser vendidos a precio irrisorio a amigos, familiares y relacionados de los cabecillas del golpe militar.

El 26 de octubre fueron apresados varios dirigentes del Movimiento Popular Dominicano.

Exactamente veinte días después de esto, en cumplimiento de la palabra empeñada, pues en una manifestación efectuada en junio de 1962, había expresado que si la reacción imposibilitaba la lucha pacífica, ‘‘el 14 de Junio sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y a ellas iremos siguiendo el ejemplo y para realizar la obra de los héroes del 59”, su máximo dirigente, Dr. Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) inició la lucha armada contra el triunvirato, abriendo seis frentes guerrilleros, en el Norte, Este y Sur del País.

La acción debido a la falta de entrenamiento físico y militar de la mayor parte de los componentes de las guerrillas, a causa de la traición de un colaborador infiltrado, al desconocimiento del terreno, al escaso respaldo que encontró en el campesinado aterrorizado, y también a causa del fracaso del aparato urbano del 14 de Junio, que según los planes originales de esa organización actuaría también insurreccionándose en las principales ciudades del país, terminó de manera desastrosa.

Los focos guerrilleros del 14 de Junio fueron aplastados por las fuerzas antiguerrilleras del ejército entrenadas desde 1962 por especialistas norteamericanos

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La experiencia más trágica le tocó al grupo encabezado por Manolo Tavárez: el frente guerrillero “Jiménez Moya”, el último en caer. Después de una reunión donde fue examinada la situación del movimiento insurreccional - ya el ejército había liquidado los otros frentes en el Este y Sur del país - , sus integrantes decidieron rendirse, atendiendo a un llamado del gobierno que ofrecía garantías para sus vidas, y a un mensaje personal de Manuel Tavares Espaillat, antiguo compañero de celda de Manolo en la prisión trujillista, quien le garanizaba la vida.

El 21 de diciembre de 1963, Manolo Tavárez y todos los miembros de su grupo que bajaron junto a él de las montañas y se rindieron cerca de un pequeño poblado en Las Manaclas. Allí fueron hechos prisioneros y asesinados inmediatamente por tropas del ejército.

Según explicó Piero Gleijeses, profesor de política exterior norteamericano de la Escuela Johnson Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados, cuyos resultados están contenidos en su libro “La Crisis Dominicana”. “El destino de Manolo Tavárez estaba sellado. En una reunión en el Palacio Nacional entre los triunviros, y los líderes de los partidos “democráticos” que se había decidido que el líder del 1J4 debía morir”. Juan Isidro Jimenez relata que precisamente Manuel Tavarez Espaillat, quien le garantizó la vida mediante panfletos esparcidos por avión en las montañas, fue el mas fiero defensor de la decisión de asesinar al lider del 14 de Junio.

A esa decisión se opuso el Presidente del triunvirato, licenciado Emilio de los Santos, quien amenazó con renunciar. La sentencia de asesinar a Manolo Tavárez, a pesar de la oposición del Presidente del triunvirato, fue cumplida. Un día después, apesadumbrado por el hecho, según confesó, De los Santos cumplió su palabra y renunció, aunque no hizo público los motivos de la misma.

En su lugar fue designado el día 22 de diciembre el Secretario de Relaciones exteriores, Dr. Donald Reid Cabral, quien se encontraba en esos momentos en Israel.

Dos semanas antes, el 14 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos del presidente Johnson (Kennedy había sido asesinado poco después del derrocamiento de Bosch, el 22 de noviembre) concedió el reconocimiento diplomático al triunvirato e inmediatamente dio inicio a una sustancial asistencia financiera.

Poco después de la juramentación de Reid Cabral como Presidente del triunvirato, una profunda pugna sacudió al grupo de pequeños partidos que había apoyado el golpe militar. Las diferencias surgieron en razón de que Reid Cabral pretendía convertirse en el verdadero amo del gobierno, y además, en varias oportunidades el nuevo gobernante se había mostrado partidario de la venta de las empresas del Estado.

El primer pequeño grupo en alejarse del triunvirato fue la Alianza Social Demócrata, de Jiménez Grullón, luego le siguió el de Horacio Julio Ornes, Vanguardia Revolucionaria Dominicana. A finales de enero, prácticamente todos los pequeños grupos habían abandonado al triunvirato, pasando ahora a críticos del gobierno golpista surgido en la madrugada del 25 de septiembre de 1963.

Otras diferencias condujeron a la renuncia de los triunviros, Dr. Tapia Espinal el 8 de abril de 1964, y Tavárez Espaillat, semanas después. El puesto del primero fue ocupado por el Dr. Ramón Cáceres Troncoso dirigente de la Unión Cívica. El cargo de Tavárez Espaillat no fue cubierto. El gobierno quedó con sólo dos miembros.

La pugna de Reid Cabral con los pequeños agrupamientos golpistas, y más tarde con la Unión Cívica Nacional, tomó ribetes serios en los primeros meses de 1964, tan pronto el gobernante mostró sus deseos de participar como candidato presidencial en los comicios anunciados para finales de 1965. En enero de 1964, en el licenciado Rafael Bonelly, importante “cívico” de Santiago y ex Presidente del Consejo de Estado, se opuso públicamente a las pretensiones de Reid Cabral, señalando…: “Unas elecciones en las cuales tome parte cualquiera de los actuales dirigentes gubernamentales no darán satisfacción a la opinión pública”.

El Dr. Reid Cabral continuó, sin embargo, con su proyecto mientras los jefes militares se hundían en el fango de la corrupción que llegó a niveles nunca antes conocidos y que originó tremendos escándalos públicos y protestas, incluso, de sectores influyentes como el gran comercio, que había dado apoyo al golpe militar.

La principal actividad para el enriquecimiento ilícito utilizada por los jerarcas de las Fuerzas Armadas, pero no la única, fue el contrabando, y para tales fines se dividieron en grupos, cada uno de los cuales monopolizaba un renglón específico.

Un grupo se dedicó al contrabando de cigarrillos norteamericanos, bebidas, perfumes y relojes; otro de los calzados, vestidos y joyas; todavía otro a los electrodomésticos

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Para mayor impunidad en sus actividades los jerarcas castrenses utilizaban aviones y barcos militares

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Otro negocio importante, vinculado al anterior, era el de las cantinas militares, las cuales fueron ampliadas para abastecer, no sólo al soldado, sino a amigos y familiares.

El contrabando causó una sensible merma en los ingresos del Estado, proveniente en su mayor parte de los impuestos aduaneros, y el gobierno se vio forzado a aumentar su deuda interna y exterior. En 1963, la República apenas tenía una deuda exterior de 15 millones de pesos y al año siguiente alcanzó a casi los cientos treinta y dos millones.

El contrabando, a su vez, fue minando el escaso apoyo que tenía el gobierno en los sectores encumbrados del gran comercio y la industria nacional y se constituyó en factor público de descrédito del régimen, hecho que ha su vez fortalecía el movimiento popular que se desarrollaba en su contra y que ya tomaba cuerpo, por reflejo, en una parte, aun reducida, de la oficialidad joven de ejército que repudiaba, aunque en silencio, a sus jefes corruptos.

En varias cartas que escribió al coronel Fernández Domínguez desde su exilio en Madrid, España, a varios miembros de su pequeño grupo militar comprometido con el retorno al orden constitucional, hizo referencia a este problema que él entendía era urgente erradicar de los cuarteles. Y cuando se enteró que algunos de sus compañeros, a causa de la degeneración imperante entre los altos jefes militares, habían renunciado y otros también indignados pensaban seguir el mismo camino, en carta que dirigió desde Santiago de Chile en febrero de 1965, al coronel Miguel Hernando Ramírez, comprometido con su proyecto, escribió las siguientes palabras:

“Con respecto a nuestras posiciones en las Fuerzas Armadas, estoy firme y definitivamente convencido de que no podemos abandonarla, aún sea bajo los más fuertes sacrificios, pues es la única forma en que hoy, mañana y algún día, podremos, en una forma u otra, dirigir por la senda de la verdad, el valor y la vergüenza a las Fuerzas Armadas Dominicanas, de lo contrario, sería limpiar y facilitar el camino del robo y la prostitución o los mercenarios con uniformes que hoy nos dirigen”.

En mayo de 1964, la política represiva de Reid Cabral, el aumento del desempleo, el contrabando, y el desprecio general frente a los más elementales derechos humanos, habían creado el caldo del cultivo de un movimiento popular ya desafiante, mientras en los cuarteles la conjura de los oficiales jóvenes constitucionalistas se abría paso.

Paralelo a este movimiento, otro grupo de oficiales neotrujillistas ligados al Dr. Balaguer, que se encontraba en el exilio, también conspiraba, pero con su propio proyecto. Este núcleo, que tomó la denominación de “Grupo San Cristóbal”, estaba encabezado por el coronel Ney Nivar Seijas.

Ese mismo mes de mayo estalló una poderosa huelga, obrera contra el régimen golpista. El movimiento que comenzó de manera ordenada y pacífica, debido a la represión indiscriminada del gobierno que exhibió una brutalidad que superaba la que durante la Era de Trujillo había padecido el pueblo, se convirtió en una verdadera insurrección popular. Las masas desposeídas hicieron suyas las calles de las barriadas pobres e impusieron su control y el país entero quedó paralizado por casi una semana

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El gobierno decretó el estado de sitio. El nivel de indignación alcanzado contra el régimen golpista bordeaba los límites de la ira colectiva.

El documento que emitieron de manera unitaria las centrales obreras, por su claro matiz político, expresa el nivel de conciencia que había adquirido el pueblo trabajador. He aquí su texto:

“La clase obrera, que con la Constitución de 1963 lograba altas reivindicaciones como lo son: el derecho a huelga, el derecho a participación de beneficio, y en general, condiciones de vida humana en el trabajo, vio como de pronto le fueron arrancados de sus manos sus más preciados objetivos. Los pequeños comerciantes de nuestro país han sufrido en carne propia las consecuencias de la toma del poder por la clase más reaccionaria, cuyo mayor exponente ha sido en los últimos meses la escandalosa situación del contrabando industrializado.

“Todos los dominicanos estamos padeciendo en estos momentos las consecuencias funestas de este paso retrógrado: el alto costo de la vida, la miseria de nuestros campesinos sin tierra, el desempleo que cunde nuestro país, y para colmo, el cierre de algunas de sus más importantes industrias. La deuda pública de 200 millones de pesos que prácticamente hipoteca al país. El agotamiento de nuestras reservas de divisas en beneficio de los bastardos intereses de siempre y la consecuente amenaza de devaluación de nuestra moneda. Todo eso es un símbolo del inmenso caos que en nuestro país se vecina, si la clase más sufrida no decide participar abiertamente en defensa de sus más justas aspiraciones. Entre ellas, la restitución en el poder el gobierno y la Constitución libremente elegidos por el pueblo.

“Ayer, por ejemplo, el gobierno títere del triunvirato, haciendo un esfuerzo si límites para mantenerse en el poder, resucitó, para colmo, la funesta Ley de Emergencia del mal recordado Consejo de Estado.

“Ante tan denigrante situación para todo el pueblo, sólo un recurso nos queda: la huelga general que expulse el poder, precisamente por la puerta que entraron, a los representantes de los más funestos intereses de nuestro país; a los enemigos de la clase obrera”. (República Dominicana: Clases, Crisis y Comandos. Franklin J. Franco. Págs. 170-171.)

El ambiente de represión que crecía día por día comenzó a ser visto con preocupación por algunos miembros de la alta jerarquía de la Iglesia Católica.

EL 14 de junio de 1964, por ejemplo, la policía organizó en casi todo el país una bárbara redada contra los miembros del grupo del desaparecido Manolo Tavárez, que planeaban esos días algunos actos para conmemorar un nuevo aniversario de la fecha que lleva por nombre su organización, y más de mil personas fueron apresadas. Esa redada fue más dura en Santiago. Allí el ejército y la policía invadieron centenares de hogares de “sospechosos” y de militantes del 14 de junio, los cuales fueron golpeados sádica y salvajemente.

Al día siguiente, el obispo de aquella ciudad, Monseñor Hugo E. Polanco Brito, dirigió una carta al triunvirato protestando de los abusos que “ocasionaron brazos rotos, costillas quebradas, vómitos de sangre, etc.

El obispo señaló en ese documento que… “no hay derecho alguno que faculte para que por el mero hecho de una sospecha, miembros del ejército castiguen a ciudadanos que no han cometido ninguna falta específica. “Estas son prácticas del pasado”.

La declaración de Polanco Brito marcó el inicio de la modificación de la conducta de la Iglesia respecto a la situación del país, pero no la completa modificación pues otros jerarcas católicos brindaban su aliento al régimen, como Mons. Thomas F. Reilly, sacerdote de nacionalidad norteamericana, quien en una carta al New York Times en octubre de 1963 justificó el golpe.

Pero el papel más activo lo jugaron un pequeño grupo de sacerdotes nativos de varias asociaciones juveniles católicas.

Para el 6 de junio de 1964, el Vaticano anunció que la República Dominicana había sido acogida como sede del VI congreso Mariológico y el XI Congreso Mariano. Ambos eventos serían efectuados entre el 17 y el 25 de marzo de 1965.

El anuncio de esas reuniones originó en lo inmediato una gran controversia, pues muchas entidades políticas, sociales y culturales, entendieron que la selección de Santo Domingo como sede, en medio de la difícil situación política en que vivía el país, iba a ser interpretado como un apoyo de parte de la Iglesia al gobierno

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Cuando los dos eventos religiosos fueron efectuados en marzo, la juventud católica dominicana integrada en la Juventud Obrera, la Legión de María, la Juventud Estudiantil, el Movimiento Universitario Dominicano, organizaciones que ya habían denunciado que los cursillos de cristiandad bajo la orientación de la iglesia eran utilizados por el sector conservador eclesiástico con fines políticos, organizó un evento paralelo, al cual invitaron a prelados extranjeros.

Al acto juvenil católico, efectuado en los Salones del colegio San Juan Bosco, en la capital, asistieron el Delegado Papal, Cardenal Silva de Chile, y el nuncio, Salvatore Claritzio. Los jerarcas religiosos nativos no asistieron.

En el fondo, el evento juvenil católico fue visto como un acto de rebeldía, y en verdad lo era, pero significó un paso importante que contribuyó a modificar la posición de la Iglesia respecto a la situación política, social y económica, que vivía la República Dominicana.

A finales de 1964 era evidente que el triunvirato que presidía Donald Reid Cabral había perdido apoyo, incluso, de los principales grupos políticos y económicos que lo llevaron al poder, y que las Fuerzas Armadas se encontraban dividas por lo menos en cuatro grupos: el constitucionalista, que dirigía desde su exilio el coronel Fernández Domínguez; el neotrujillista balaguerista, que encabezaban el coronel Nivar Seijas y el general Braulio Álvarez, el de Elías Wessin y Wessin, sostén del gobierno, y el del general Imbert Barrera, con ramificaciones en la Policía Nacional.

Decenas de oficiales pertenecientes a estos grupos fueron retirados del ejército, pero esto no detuvo los diferentes proyectos conspirativos. Del grupo constitucionalista fueron puestos en retiro el mayor Núñez Noguera, el capitán Lachapelle Díaz, y otros doce oficiales.

A principios de enero de 1965, continuaron las dificultades del régimen en los cuarteles y el Secretario de Las Fuerzas Armadas, general Viñas Román, fue destituido y enviado al exterior. El propio Read Cabral asumió esas funciones.