La dictadura de Trujillo: Periodo del 1930 al 1940

El general Rafael Leonidas Trujillo Molina se juramentó como Presidente de la República el 16 de agosto de 1930.

Cuando Trujillo se juramentó, la República Dominicana, vivía la peor de la crisis económica registrada en toda su historia. Para empeorar más aún la gravísima situación económica reinante, el 3 de septiembre de ese año, un poderoso ciclón registrado con el nombre de San Zenón, azotó la República, originando la casi completa destrucción de la ciudad capital y causando serios daños a la agricultura en las regiones del Este y Sur del país.

La devastación fue tan extraordinaria que obligó al Receptor de Aduanas Interino, Mr. Orme, a caligrafiar a Washington recomendando una moratoria en el pago de la deuda. Días, antes, Trujillo había manifestado a este funcionario su interés en que la Receptoría no sólo recaudara los ingresos aduaneros, sino también, los demás ingresos fiscales del gobierno.

Trujillo tratándo de mostrarse como un fiel defensor de los intereses norteamericanos, a fin de ganar aún más confianza de Estados Unidos, no aceptó la sugerencia del Receptor Interino, y seis días después del ciclón, en visita que hiciera a la oficina de Mr. Orme, le expresó solemnemente en inglés, por medio de un intérprete: “Yo Rafael Leonidas Trujillo, Presidente de La República Dominicana, deseo decirle a Ud. Señor Orme, Receptor General de Aduanas, que el día 20 de este mes, cuando venza el plazo para el pago de los intereses y del fondo de amortización, estos serán pagados si yo estoy vivo y si sigue existiendo para entonces la República Dominicana” (B. Vega. Trujillo y el control financiero norteamericano. Pág.12)

Trujillo expresó al ministro americano Curtis, su deseo de contratar un experto norteamericano para que le asesorara en las cuestiones financieras. Enterado el Departamento de Estado de este deseo de Trujillo, fueron hechos arreglos para que el Prof. William F. Dunn, quién había sido director de Rentas Internas en Haití entre 1924 y 1927, fuera designado por Trujillo como su asesor, sugerencia que tuvo aceptación en marzo de 1931.

El profesor Dunn efectuó para Trujillo servicios importantes, entre otros, como su agente personal en las actividades dirigidas a lograr el ansiado préstamo y en varios informes que rindió al gobierno de Estados Unidos, puso en evidencia que la situación económica era sumamente difícil, tan y tanto, que si no se ayudaba al gobierno este caería debido a las presiones de todas clases, y esto, en su opinión, sería “muy adverso sobre los préstamos existentes”.

El 18 de agosto, el Encargado de Negocios norteamericano informó que ese mes los ingresos aduaneros serían insuficientes para el pago de la deuda, y que el Receptor General de Aduana, Mr. Pulliam, había solicitado del gobierno la suma de $ 33,000 dolares para completar la suma total. Era la primera vez que esto ocurría.

Ese mismo mes, para reducir gastos, el gobierno se vio en la obligación de hacer una reducción en los empleos del Estado de un 15 a 20 %, y una nueva baja en los salarios de los que continuaban en sus empleos, de un 15 %.

Ese mismo año el gobierno de Trujillo dictó una serie de leyes creando nuevos impuestos para elevar los ingresos del Estado, como lo fueron la ley No. 140 de mayo de 1931, que modificó la ley de patentes, elevando su costo sustancialmente, la creación del impuesto del “manifiesto aduanero”, aplicable a toda importación o exportación, y la ley No. 247, de diciembre de ese mismo año, mediante la cual creó la “Cédula Personal de Identidad” que obligaba a todo dominicano mayor de 16 años de edad proveerse de dicho documento, el cual se obtenía mediante el pago de un dólar, renovable al mismo costo todos los años.

Ese mismo año y con idéntico propósito Trujillo arrendó la Lotería Nacional al Sr. Agapito del Toro, por la suma de $ 4,000 dólares semanales los primeros 2 años, y $ 5,000 dólares a partir del tercero, y el acueducto de Santo Domingo a la firma norteamericana Illinois Slag And Ballast, por un solo pago ascendente a $ 750,000 dólares, suma que sería aplicable a un contrato que esa misma empresa firmó con el estado dominicano, montante a $ 3,800,000 dólares, para la construcción de puentes, calles, carreteras afectadas por el ciclón, así como a la construcción de dos nuevos mercados públicos en la ciudad capital. También ese año fue vendido el servicio telefónico, y el ferrocarril central propiedad del estado, fue arrendado en operaciones efectuadas de “grado a grado” hechas por el Poder Ejecutivo.

En enero de 1932, mediante la Ley No. 281, Trujillo prohibió la extracción de sal de Baní y Montecristi, logrando así crear un monopolio de ese producto para abastecer el mercado nacional, previo aumento de precio.

Poco después dos resoluciones de orden sanitario originaron el cierre de los principales mataderos de la ciudad capital, y de decenas de puestos dedicados a la repartición de leche, para también monopolizar en su favor la distribución y venta de carne y leche producidas en sus haciendas.

El 8 de noviembre de ese mismo año, el Senado le confirió a Trujillo el título de “Benefactor de la Patria”. Para entonces, uno de sus más lucrativos negocios había sido establecido: todo contratista de obras públicas tenía que entregar a las arcas de Trujillo el 10% del valor total de toda obra contratada. Mediante testaferros, en 1932, Trujillo incursionaba en el negocio del transporte marítimo y terrestre, y poco después también en el aéreo, en las importaciones y exportaciones, y apenas se encontraba en su fase de “acumulación originaria de capitales”.

La acentuada caída de los precios en los principales productos de exportación – azúcar, tabaco, cacao y café – continuaban estrangulando la economía nacional, y los ingresos globales del Estado no aumentaban, sino que continuaban reduciéndose. Se registró una grave reducción en la moneda circulante, situación esta que amenazó la actividad comercial del país.

Con todo, a pesar de que era evidente un sentimiento generalizado de rechazo al déspota, ese mismo año de 1933 se daban los primeros pasos para extender su mandato mediante su reelección al año siguiente.

En este momento se encontraba ya en vías de desarrollo un aberrante proceso de sumisión y adulación al déspota iniciado en el año anterior con su proclamación de “Benefactor” y que continuó el año siguiente cuando el Congreso, en mayo 26, le concedió el grado de “Generalísimo”. Este proceso fue impulsado por antiguos partidarios de Vásquez y Velázquez, convertidos ahora en trujillistas, en su mayor parte burócratas, terratenientes y comerciantes importadores y exportadores.