El caso Galíndez, 1956

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En 1956, además de los problemas económicos, el dictador entró en dificultades en el campo internacional, y muy particularmente con los Estados Unidos, a causa del secuestro y posterior asesinato del escritor español Jesús de Galíndez, ocurrido el 12 de marzo en la ciudad de New York, que condenó la opinión pública de todo el mundo.

El secuestro y asesinato de Galíndez originó toda una cadena de crímenes, pues en la medida en que el escándalo crecía, sobre todo en los Estados Unidos, el dictador, a fin de ocultar su participación, ordenó la muerte de otros involucrados en el hecho, entre los que se encontraba el joven piloto norteamericano Gerald L. Murphy, que condujo la nave que trasladó al profesor español desde Norteamérica a la República Dominicana.

El asesinato del piloto norteamericano Murphy, ocurrido el 4 de diciembre de 1956, fue maliciosamente atribuido por los “investigadores” de la dictadura al piloto dominicano Octavio de la Maza, quien murió ahorcado en su propia celda en la cárcel de La Victoria, crimen este último que el gobierno dominicano presentó como suicidio.

De todos los horrendos crímenes cometidos por la dictadura, lo que tuvieron peores consecuencias para el régimen fueron estos dos, pues el gobierno norteamericano rechazó desde un primer momento la versión ofrecida por las autoridades dominicanas sobre la causa de la muerte de su ciudadano, expresando en nota del Departamento de Estado a la Cancillería dominicana, que existían pruebas evidentes que vinculaban la muerte de Murphy al secuestro del profesor español.

Pese a las dificultades económicas y los tropiezos en su política exterior, en 1957 Trujillo hizo reelegir para un nuevo mandato a su hermano Héctor, ya para ese tiempo también designado generalísimo. Pero antes fue modificada la Constitución a fin de restituir la Vicepresidencia de la República, posición que fue confiada a su antiguo colaborador del “Movimiento Cívico” de 1930, el Dr. Joaquín Balaguer Ricardo, hombre de su absoluta confianza y uno de los principales ideólogos de la tiranía.

El escándalo creado por los secuestros y muerte de Galíndez y la posterior desaparición de Murphy fue tan grande, que el gobierno norteamericano se vio forzado a formar un Gran Jurado Federal para juzgar los hechos.

A ese jurado fueron citados decenas de testigos, muchos de ellos ciudadanos norteamericanos servidores y amigos de Trujillo. Sin embargo, no fueron encontradas pruebas materiales que permitieran condenar a nadie, salvo a John J. Frank, ex agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, quien fue hallado culpable de servir como agente del gobierno dominicano en territorio norteamericano sin estar registrado, como manda la ley, ante las autoridades de aquel país.

A pesar del escaso resultado obtenido por el Gran Jurado, el secuestro de Galíndez y el posterior asesinato de Murphy, le creó una pésima atmósfera en la opinión pública al déspota dominicano. Esto contribuyó a que se operara un cambio en la conducta del gobierno norteamericano con respecto a la dictadura

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